Nos
estamos acostumbrando con demasiada rapidez a las imágenes de la
violencia que circulan por los medios de comunicación a propósito de las
marchas y tomas. En la última semana aparte de la desmesurada ocupación
de la Casa Central de la Universidad de Chile vimos como Pedro
Aguilera, presidente del centro de alumnos del Liceo Barros Borgoño, era
arrastrado y golpeado estando inconsciente por un grupo de Carabineros
de Fuerzas Especiales. Ambas escenas se unen a muchas otras que se están
integrando a un estado de violencia normalizada que incluye el
asesinato. Si esto ya de por si no fuera alarmante resulta que son las
propias autoridades las que justifican este tipo de acciones
desmesuradas. En efecto, la cuarta ministra de educación -Carolina
Schmidt- declaró hace pocos días que a su parecer lo único que quedaba
era reprimir las manifestaciones, lo cual demuestra su incapacidad
política para convocar al dialogo y al mismo tiempo demuestra su
ignorancia respecto de lo que es un estado democrático, ya que las
manifestaciones no debieran reprimirse por defecto, sino que lo que cabe
reprimir –de modo ajustado a la ley- son ciertos actos delictivos que
se producen a propósito de las marchas.
